Derecho ambiental. Marco normativo para el Régimen de Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)

Por Farías, Raúl A.

El problema de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), aunque en forma demorada, ha comenzado a tener soluciones legislativas mediante los proyectos encarados a nivel nacional y la recientemente sancionada ley provincial en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires.

En este breve trabajo se describirá el problema y analizarán ambos cuerpos normativos.

El problema de los RAEE

Nuestro país se suma a la preocupación mundial por la creciente cantidad de basura proveniente de artefactos eléctricos y electrónicos que, conforme las últimas mediciones del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se encamina al 7% del total de residuos urbanos a nivel mundial.

Aun teniendo presente que las RAEE están formadas por muchos más tipos de artefactos distintos de las computadoras y solo para tener una idea del crecimiento exponencial que el problema representa, podemos señalar que en países como Estados Unidos existen actualmente 300 millones de computadoras obsoletas conforme datos del US National Safety Council (1).

En nuestro país, Greenpeace denuncia que anualmente se producen unas 100.000 toneladas de RAEE, de las que no se llega a reciclar más del 2%.

En países desarrollados y en aquellos en vías de desarrollo vienen a sumarse una cantidad de factores que en combinación dan por resultado un aumento sin precedentes de este tipo de residuos.

En nuestro caso, el mejoramiento de las condiciones sociales y económicas que favorecen el crecimiento masivo del consumo, se une a la obsolescencia programada (2) de AEEs, particularmente los relacionados con sistemas de computación y de comunicación. Vaya como ejemplo el Programa en curso del Gobierno nacional llamado "Conectar Igualdad" que ya lleva distribuidas 1.800.000 computadoras portátiles con una meta a cumplir de 3.000.000. Sin perjuicio de los beneficios que a corto plazo pueda deparar en la educación, la democratización del acceso a internet y la igualdad de posibilidades para toda la población escolar, visto desde el lado del problema de las RAEE, el programa total significará una "inyección" de unos 6.000.000 Kg. de RAEE proveniente exclusivamente de estas computadoras y sus baterías de ion de litio dentro del plazo de 2 años, tiempo calculado de vida útil de los dispositivos.

Por su parte Camoca, Cámara Argentina de Máquinas de Oficina, Comerciales y Afines ha estimado para este año en 74.562.400 kg las RAEE provenientes sólo de fotocopiadoras, impresoras, computadoras, cartuchos de tinta, toner y teléfonos, lo cual significa un crecimiento de cuatro millones de kilos en relación con el año anterior.

Los países más avanzados poseen programas de recuperación y reciclados que aun no llegando a paliar adecuadamente el problema, sirven como ejemplo de los procesos que es posible aplicar para minimizar el fuerte impacto que los componentes de este tipo ocasionan en el medioambiente y en la salud de las personas.

Con este panorama es más que justificada la existencia de un marco normativo que permita encausar la disposición de RAEEs imponiendo obligaciones desde los fabricantes de los aparatos hasta los encargados de la reducción, reciclado y reutilización de sus componentes, pasando incluso por la educación de los propios consumidores.

A la fecha de este trabajo solamente la Provincia de Buenos cuenta con una flamante ley (3) que regula esta situación, en tanto que a nivel nacional el proyecto en estudio (4) ha sido recientemente aprobado por el Senado nacional y girado a las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y a la de Industria, esperando sendos dictámenes.

Antecedentes provinciales

La resolución 389/10 del OPDS Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, sobre la gestión de los RAEE, (NOTA B.O. de la Provincia de Buenos Aires 4/2/10) se proponía alcanzar una gestión responsable de los RAEE en todas sus etapas: prevención de la generación, reutilización, reciclado, otras formas de valorización y disposición final responsable. Asimismo incluía a los RAEE como una nueva categoría de residuos especiales conforme las disposiciones de la Ley 11.720, por lo cual prohibía su disposición final sin previo tratamiento.

Por otra parte establecía diversas categorías iniciales de RAEE pequeños electrodomésticos, equipos de informática y telecomunicaciones, aparatos electrónicos de consumo, aparatos de alumbrado, pilas y baterías. Posteriormente, se agregarían grandes electrodomésticos, herramientas eléctricas y electrónicas, juguetes o equipos deportivos y de tiempo libre, aparatos médicos, instrumentos de vigilancia y control y máquinas expendedoras.

Imponía también esta resolución a los productores de AEE la obligación de presentar cada dos años ante la Dirección Provincial de Residuos un "Plan Empresarial de Gestión de RAEE".

Con posterioridad, la Resolución 101/11 del 13/6/11 del OPDS derogó la resolución 389/10 por haber advertido que en la práctica resultaban de cumplimiento imposible los plazos previstos en la misma para su implementación, y que las obligaciones impuestas a los sujetos enumerados en ella resultaban confusas a la luz de la Ley 11.720.

Establece asimismo en su exposición de motivos que, en relación a las pilas y baterías, teniendo en cuenta la complejidad técnica y operativa que trae aparejada la gestión de las mismas, resulta procedente establecer la obligatoriedad de la retirada de estos elementos de los RAEE para su posterior tratamiento conforme la reglamentación que al respecto se dicte.

En su breve articulado establece la aprobación de un Programa Voluntario de Certificación de Gestión Sostenible de RAEE incluido en su anexo, la creación del "Registro de Productores de AEEs" que funcionaría en la órbita de la Dirección Provincial de Residuos designada, aunque sin mencionarlo expresamente, como autoridad de aplicación ya que la facultaba para desarrollar todas las acciones que resultaran conducentes a efectos de su implementación.

Finalmente, tal como expresaba la resolución derogada, excluye de este programa a los aparatos relacionados con la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado, los RAEE provenientes de aparatos militares, armas, municiones y material de guerra, residuos de aparatos nucleares, de investigación científica compleja o en contacto con patogénicos.

Finalmente, el 2/11/11 en base a varios proyectos (5) ya recogidos por las resoluciones del OPDS comentadas, el Senado Provincial sancionó la ley que regula la generación de RAEEs y que básicamente establece disposiciones tendientes a que los consumidores separen los desechos electrónicos y los devuelvan a las empresas productoras o municipios al final de su ciclo de vida útil; impone la obligación a los productores o importadores de AEEs de recibir, reciclar o disponer los desechos electrónicos, asumiendo la logística y los costos de tratamiento de las partes que no puedan ser reutilizadas o recicladas y prohíbe el desecho de los RAEEs como residuos sólidos no diferenciados en el territorio de la Provincia.

Más allá de estas previsiones sobre las que no ahondaré por tratarse de las que más se destacan en los medios de comunicación masivos, intentaré realizar un breve comparativo de los aspectos menos visibles del proyecto nacional que espera ser sancionado y la ley provincial:

Presupuestos mínimos

El proyecto nacional una vez sancionado se constituirá en ley de presupuestos mínimos de protección ambiental, conf. art. 41 de la Constitución Nacional, para la gestión de AEEs y de los RAEEs en todo el territorio de la Nación.

Objeto

El proyecto nacional en general coincide en sus objetivos con la ley provincial en cuanto a prevenir la generación de RAEE y promover la reutilización, el reciclado y otras formas de valorización de dichos residuos, con la finalidad de reducir su eliminación o disposición final en rellenos sanitarios, la protección del ambiente, la modificación de la conducta ambiental de todos los que intervienen en el ciclo de vida de los AEEs y de sus residuos, el resguardo de la salud pública, la reducción de la generación de RAEEs, la creación de soluciones sustentables y eficientes, mediante la promoción de la reutilización, reciclado y valorización de RAEEs, el adecuado comportamiento ambiental de todos los agentes intervinientes en el ciclo de vida de los AEEs, la implementación de campañas de educación ambiental y la masiva participación de municipios, consumidores y productores y, muy importante: la incorporación del principio de responsabilidad del productor de AEEs. En ese sentido el proyecto nacional avanza aún más introduciendo para la interpretación y aplicación de la ley el principio de "responsabilidad extendida individual del productor", entendido como la ampliación del alcance de las responsabilidades de cada uno de los productores a la etapa de post consumo de los productos que producen y comercializan, particularmente respecto de la responsabilidad legal y financiera sobre la gestión de los residuos que se derivan de sus productos.

Ambito de aplicación: Ambos cuerpos coinciden en el ámbito de aplicación comprendiendo dentro de sus disposiciones a los AEEa y sus residuos, pertenecientes a las categorías enumeradas en el Anexo I (6) y IA de la ley provincial sin perjuicio de que se encuentren alcanzados por otras normas específicas en materia de gestión de residuos. Asimismo coinciden en excluir los residuos de AEEs relacionados con la protección de intereses esenciales de la seguridad del Estado, los provenientes de aparatos militares, armas, municiones y material de guerra y los que contengan materiales radiactivos contemplados por la ley 25.018 de residuos radiactivos. La ley provincial agrega a esta lista los que hayan estado en contacto con residuos patogénicos.

Autoridad de Aplicación: El proyecto nacional establece que serán autoridades de aplicación los organismos que determinen la Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios para actuar en el ámbito de sus jurisdicciones. En el primer caso, será autoridad nacional de aplicación la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y será su principal función establecer la política ambiental en la materia.

La ley provincial establece en su art. 17 que La autoridad de aplicación será determinada por vía reglamentaria del Poder Ejecutivo.

Definiciones. Son coincidentes ambos cuerpos en la definición de los conceptos particulares (7).

Organismos: El proyecto nacional prevé la creación del Fondo Nacional de Gestión de RAEE con el objeto de financiar la gestión de los RAEE y el Ente Nacional de Gestión de RAEE (ENGERAEE), como persona jurídica de derecho público, no estatal, con el objeto de administrar la gestión de los RAEE, siguiendo los objetivos de este cuerpo. Una de sus funciones será la creación de un plan plurianual de funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión de RAEE (SNGR), que será revisado y ajustado anualmente y se desarrollará simultáneamente en cada una de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La ley provincial por su parte dispone un Sistema Provincial de Gestión Sustentable de RAEEs y la creación de un Registro Provincial de Productores y Distribuidores de AEEs.

Sujetos obligados. En el marco normativo nacional, serán sujetos obligados los generadores grandes y pequeños, los productores y los distribuidores de AEEs, mientras que para la ley provincial lo son los productores, distribuidores y comercializadores.

Régimen de infracciones y sanciones: Tratándose el proyecto nacional de una ley de presupuestos mínimos, las sanciones por incumplimiento de sus disposiciones y reglamentaciones, serán las que se fijen en cada una de las jurisdicciones conforme el poder de policía que les corresponde, pero no podrán ser inferiores a las aquí se establecen. En tal sentido, las jurisdicciones que no cuenten con un régimen de sanciones aplicarán supletoriamente las que corresponden a la jurisdicción nacional (8).

La ley provincial también prescribe sanciones por incumplimiento: apercibimiento, multa, suspensión de la actividad, clausura de las instalaciones y la obligación de publicar la parte dispositiva de las resoluciones condenatorias a cargo del infractor.

Conclusión

Si bien existen muchos otros aspectos para analizar de ambos cuerpos pero que exceden la profundidad requerida para este trabajo, los puntos mencionados sirven para concluir que si bien el proyecto nacional será claramente una ley de presupuestos mínimos, la ley provincial por lo completo de su redacción, casi a la par del proyecto, no deja entrever que pueda tener mayores problemas de compatibilidad con la futura ley nacional analizada.

 (1) http://www.nsc.org/Pages/Home.aspx

 (2) Se denomina obsolescencia programada u obsolescencia planificada a la determinación, planificación o programación del fin de la vida útil de un producto o servicio de modo que éste se torne obsoleto, no funcional, inútil o inservible tras un período de tiempo calculado de antemano, por el fabricante o empresa de servicios, durante la fase de diseño de dicho producto o servicio. La obsolescencia programada tiene un potencial considerable y cuantificable para beneficiar al fabricante dado que el producto va a fallar en algún momento, obligando al consumidor a que adquiera otro producto nuevamente, ya sea del mismo productor (mediante la adquisición de una parte para reemplazar y arreglar el viejo producto o mediante la compra de un modelo del mismo más nuevo), o de un competidor, factor decisivo que también se prevé en el proceso de obsolescencia programada. http://es.wikipedia.org/wiki/Obsolescencia_programada

 (3) Resultado de la conjunción de los proyectos E-173 E-192 y E 218 . Texto no publicado al 28/11/11

 (4) http://www.senado.gov.ar/web/proyectos/verExpe.php?origen=S&tipo=PL&numexp=934/10&nro_comision=&tConsulta=4

 (5) E-173 E-192 y E 218.

 (6) Grandes electrodomésticos, pequeños electrodomésticos, equipos de informática y telecomunicaciones, aparatos electrónicos de consumo, Aparatos de iluminación, herramientas eléctricas (excepto las herramientas industriales fijas permanentemente, de gran envergadura, instaladas por profesionales), juguetes y equipos deportivos o de esparcimiento, aparatos de uso médico (excepto todos los productos implantados e infectados), instrumentos de vigilancia y control, máquinas expendedoras, pilas y baterías.

 (7) AEE, RAEE, Prevención, recuperación, valorización, reutilización, reciclado o reciclaje, tratamiento, disposición final, productor de AEE, distribuidor de AEE, gestión de RAEE, gestor de RAEE, generador de RAEE, grandes y pequeños.

 (8) a) Apercibimiento. b) Multa entre uno (1) y mil (1.000) sueldos básicos de la categoría inicial de la Administración Pública Nacional. El producido de estas multas será afectado al área de protección ambiental que corresponda. c) Suspensión de la actividad desde treinta (30) días hasta un (1) año. d) Revocación de las autorizaciones y clausura de las instalaciones.



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