El robo de identidad, desafío de era digital

Por Ferrari, Gustavo

A partir del desarrollo y globalización de las nuevas tecnologías de comunicación y comercio electrónico, que tornaron obsoletos los soportes documentales físicos, el robo de identidad digital -ya sea de datos filiatorios o claves comerciales- es el delito con mayor crecimiento en el mundo, a punto tal que la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito ha alertado recientemente sobre este suceso y el tráfico de pornografía infantil, al que está asociado.

La característica distintiva de este hecho es su transnacionalidad y su dificultad probatoria, por lo que la cooperación internacional es vital y la armonización jurídica de las legislaciones un prerrequisito para que ésta proceda. En este sentido, ya desde 2001 la Convención sobre Ciberdelitos de Budapest plantea la necesidad de que las naciones lo tipifiquen como delito.

Si bien la Argentina avanzó en una serie de normas, como la Ley de Protección de Datos Personales y la Ley de Delitos Informáticos, aún no considera como delito específico el robo de identidad digital.

Frente a este contexto, en 2010 hemos presentado un Proyecto de Ley, encabezado por la Dip. Natalia Gambaro, que prevé reprimir con prisión de 6 meses a 3 años al que adoptare, a través de cualquier sistema informático o medio de comunicación, la identidad de un tercero.

Considero que el robo de identidad debe ser un delito en sí mismo, al margen de la finalidad que persiga, en tanto vulnera ante todo el derecho a la identidad personal, que no se limita a la propiedad de los datos filiatorios, sino que abarca aspectos de la personalidad de índole cultural, ideológico, religioso o político, que también hacen a la individualidad de cada sujeto frente al resto. Cuando un tercero se apropia de nuestra identidad, sin lugar a dudas viola este derecho porque nos convierte de cara a la sociedad en alguien que no somos.

Y también soy consciente que este fraude es utilizado además como medio para distintos tipos de estafas, causando efectos depresivos en la economía y reduciendo la confianza en el comercio electrónico.

Pero donde además el proyecto pone el foco es en el abuso infantil por medio de las redes sociales, duplicando la escala penal del delito cuando el autor asumiera la identidad de un menor o cuando, a partir del hecho, tuviese contacto con uno, aunque mediare su consentimiento.

La gravedad de esta conducta, denominada grooming, radica en que el abusador finge compartir gustos musicales, televisivos o literarios para establecer una relación de confianza con el menor, al amparo de la cual intercambiar imágenes de contenido sexual o promover un encuentro. La información obtenida puede incluso utilizarse luego para silenciar a la víctima, amenazándola con su divulgación.

Según una encuesta de las Fundaciones Solventia y Fundel, el 95,9% de los menores consultados declaró haberse registrado en alguna red social y un 16% de ellos se ha registrado antes de los 12 años.

Frente a los nuevos desafíos que imponen la globalización y el desarrollo tecnológico, debemos actualizar las herramientas de persecución penal, y, a la vez, contribuir a la educación de los jóvenes, informando y concientizando acerca de los riesgos que supone el uso de las redes sociales.

 

 



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