Libertad de expresión y grilla de programación

Por Carella, Esteban Orestes

Introducción

Con fecha 7 de septiembre de 2010 la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), en uso de las facultades establecidas por la ley Nº 26.522 (Adla, LXIX-E, 4136) y su decreto reglamentario Nº 1225/2010, dictó la resolución Nº 296/2010 que estableció las pautas para el ordenamiento de las grillas de programación a los titulares de los servicios audiovisuales por suscripción de televisión por recepción fija.

La resolución mencionada determinó un orden en la grilla a los efectos de garantizar que las señales más relevantes en términos informativos, formativos y locales tengan acceso equitativo a todas las plataformas de distribución de contenidos.

Dicha resolución se dictó en virtud de lo establecido expresamente por la ley Nº 26.522, a saber: "Los titulares de licencias o autorizaciones para prestar servicios de comunicación audiovisual deberán cumplir con las siguientes pautas respecto del contenido de su programación diaria: (...) b. Deberán ordenar su grilla de programación de forma tal que todas las señales correspondientes al mismo género se encuentren ubicadas en forma correlativa y ordenar su presentación en la grilla conforme la reglamentación que a tal efecto se dicte, dando prioridad a las señales locales, regionales y nacionales" (1).

Con la publicación de la resolución 296 en el Boletín Oficial comenzaron los plazos para la adecuación de la grilla. Sin perjuicio de ello, no todos los cable-operadores dieron cumplimento a la norma.

Es el caso de la empresa Cablevisión S.A., la que recurrió a la justicia con el objeto de no adecuar su grilla conforme lo determinó la resolución mencionada. Todas las presentaciones realizadas por Cablevisión, directamente, o a través de sus empresas absorbidas, fueron rechazadas en las distintas instancias, a saber:

- Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata: autos: CABLEVISIÓN S.A. c/ el Estado Nacional y Otro s/ Amparo.

El día 28 de octubre de 2010 la Cámara Federal de Mar del Plata confirmó la resolución dictada por el Juzgado Federal Nº 4, rechazando de esa forma la presentación realizada por Cablevisión S.A. Entre sus argumentos la Cámara expresó:

- Acceder en forma directa a la pretensión de la actora, permite concederle un status jurídico que no halla sustento o protección normativa alguna hasta ahora; ello por cuanto, la resolución dictada por la Autoridad Federal no permite vislumbrar un accionar caprichoso o discrecional de ella toda vez que dicho organismo se ha sometido a los designios normativos de la ley N° 26.522 y del Decreto N° 1225/2010. Vale decir, dicha autoridad ha respetado y actuado cumpliendo los recaudos legales respectivos.

- El accionar del demandado, hasta el momento y con la naturaleza que exige el examen de una cautelar, es compatible con la política en materia de comunicaciones que pretende implementar el Estado y tal aspecto hace -por ahora- a la oportunidad y conveniencia de esa decisión política, extremos que los jueces tenemos prohibido analizar so pena de vulnerar el principio de la división de poderes.

Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, sala I: autos: Dorrego Televisión S.A. c. P.E.N. y otro. Y autos: CANAL 2 de Televisión Circuito Cerrado de Cnel. Pringles T.V. S.A. c/ E.N. P.E.N. y AFSCA s/ amparo –med. Caut. s/ incidente Apelación Med. Caut".

El día 10 de diciembre de 2010 la Cámara Federal de Apelaciones se pronunció en los autos referidos. Entre los argumentos principales se pueden mencionar:

- Debe tenerse en cuenta que tanto el art. 65 de la ley 26.522, como el decreto 1225/10 y la resolución AFSCA 296/10, prima facie y sin adelantar opinión sobre el fondo del asunto, no aparecen como manifiestamente arbitrarios ni violatorios de los derechos constitucionales que invoca la presentante Dorrego Televisión S.A.; en efecto, del juego armónico de los arts.10, 12:33 y 65:3-b de la ley, surge que la autoridad de aplicación es competente para dictar la resolución impugnada y, por lo tanto, no existe vicio alguno en el origen del acto (Dorrego).

Resulta claro que un licenciatario no posee un derecho adquirido a un orden de grilla de canales de televisión, porque el tema de radiodifusión está hondamente comprometido con el mejor o mayor criterio que la comunidad posee y reserva para sí. (Dorrego y Canal 2).

- Actualmente.

En la actualidad la justicia ha rechazado todas las medidas cautelares, motivo por el cual la resolución Nº 296/2010 que estableció las pautas para el ordenamiento de las grillas se encuentra plenamente vigente.

Sin perjuicio de ello la empresa Cablevisión S.A. no ha adecuado su grilla conforme lo indica la ley. Con este accionar se logra en un solo acto desconocer lo establecido por los 3 poderes del Estado. Se desconoce la ley sancionada por el Legislativo Nacional, la normativa reglamentaria dictada por el Ejecutivo Nacional y también se desconocen las decisiones del Poder Judicial de la Nación.

Corresponde destacar que la autoridad de aplicación de la ley Nº 26.522, Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) dados los reiterados incumplimientos por parte de la empresa, ha dado inicio a los procedimientos establecidos en la resolución 324/2010 de ese organismo, que regula el Régimen de Sanciones a los titulares de licencia, titulares de registro de señales y/o cualquier otra categoría de explotador de servicios de comunicación audiovisual.

A modo de ejemplo puede mencionarse la primera falta grave aplicada, a través de la resolución AFSCA N° 23/2011, a la Empresa Argentina de TV por Cable S.A. de la localidad de Junín, provincia de Buenos Aires, por haber omitido ordenar las señales de su grilla de programación y haber omitido la incorporación de las señales determinadas en la resolución 296/2010. Cabe mencionar que, como se explica en los considerados de la resolución 23, el descargo de la empresa es formulado por Cablevisión S.A. invocando el carácter de continuadora de la licencia otorgada a la Empresa Argentina de TV por Cable S.A. Sin embargo, como también se señala, la transferencia de la licencia nunca fue aprobada por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, ni por el entonces Comité Federal de Radiodifusión.

Idéntica situación se da con cientos de empresas de cable-operadores en todo el país (2).

De esta breve descripción se puede colegir claramente que tal situación implica no sólo el incumplimiento de leyes nacionales y de tratados internacionales con jerarquía constitucional, sino también un acto de arbitrariedad manifiesta que atenta contra el Estado de Derecho.

Como se mencionó más arriba, en cumplimiento del mandato legal establecido por la ley 26.522, que -corresponde destacar- contó con amplias mayorías al momento de su aprobación (3), la autoridad de aplicación incluyó en la grilla de programación, entre otras, a la señal pública de género infantil Paka-Paka y la señal de noticias internacionales teleSUR. Actualmente las señales referidas se encuentran censuradas, configurándose un claro caso de violación a la libre expresión.

"El derecho a la información se manifiesta en su carácter bifronte, como derecho individual y como derecho colectivo, como derecho a dar información y como derecho a recibirla, con implicancia pluralista y de apertura. Esta doble condición fue especialmente enfatizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva 5/85: Las dos dimensiones mencionadas –individual y social– de la libertad de expresión deben ser garantizadas simultáneamente. No sería lícito invocar el derecho de la sociedad a estar informada verazmente para fundamentar un régimen de censura previa supuestamente destinado a eliminar las informaciones que serían falsas a criterio del censor. Como tampoco sería admisible que, sobre la base del derecho a difundir informaciones e ideas se constituyeran monopolios públicos o privados sobre los medios de comunicación para intentar moldear la opinión pública según un solo punto de vista. Así, si en principio la libertad de expresión requiere que los medios de comunicación social estén virtualmente abiertos a todos sin discriminación, o, más exactamente, que no haya individuos o grupos que, a priori, estén excluidos del acceso a tales medios, exige igualmente ciertas condiciones respecto de éstos, de manera que, en la práctica, sean verdaderos instrumentos de esa libertad y no vehículos para restringirla. Son los medios de comunicación social los que sirven para materializar el ejercicio de la libertad de expresión, de tal modo que sus condiciones de funcionamiento deben adecuarse a los requerimientos de esa libertad. Para ello es indispensable, inter alia, la pluralidad de medios, la prohibición de todo monopolio respecto de ellos, cualquiera sea la forma que pretenda adoptar, y la garantía de protección a la libertad e independencia de los periodistas" (4).

En este orden de ideas, la decisión de no reordenar la grilla conforme lo indica la normativa vigente, excluyendo de la programación a las señales mencionadas, constituye una clara y efectiva violación a las normas específicas, como así también a la normativa constitucional que garantiza la libertad de expresión en nuestro país.

NOTAS AL PIE:

(1) Ley Nº 26.522. Capítulo V. Contenidos de la programación, art. 65, inc. 3, punto B.

(2) A modo de ejemplo enumeramos algunas de las empresas absorbidas por CABLEVISION que fueron multadas por incumplir la resolución Nº 296/2010: AZUL TV – CANAL 2 S.A., localidad de Tapalqué, provincia de Buenos Aires, Res AFSCA Nº 26/2011; TELEVISORA SAN JOSÉ S.A., localidad de Mercedes, provincia de Buenos Aires. Res. AFSCA Nº 27/2011; VIDEO TV SERVICAB S.A., localidad de Villa Constitución, provincia de Santa Fe. Res. AFSCA Nº 28/2011; TELECABLE NAVARRO S.A., localidad de Navarro, provincia de Buenos Aires. Res. AFSCA Nº 29/2011; TELEVOX VIDEO CABLE S.A., localidad de Villa Dolores, provincia de Córdoba. Res AFSCA Nº 30/2011; TIMON CABLE S.A., localidad de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires. Res. AFSCA Nº 31/2011; CABLE VISION BALCARCE S.A., localidad de Balcarce, provincia de Buenos Aires. Res. AFSCA Nº 32/2011; PANGARE SA (Telefidusora del Sudeste SA), localidad de Benito Juarez, provincia de Buenos Aires. Res. AFSCA Nº 33/2011; SISTEMA TELEVISION VIDEO CABLE S.A., localidad de Santa Tomé, provincia de Corrientes. Res AFSCA Nº 38/2011; RCC S.A., localidad de Villa Regina, provincia de Rio Negro. Res AFSCA Nº 39/2011; REVICO S.A., localidad de Realico, provincia de La Pampa. Res AFSCA Nº 46/2011; I.V.C. S.A., localidad de Cutral Co, provincia de Neuquén. Res AFSCA Nº 56/2011; OBERA VIDEO CABLE S.A., localidad de Oberá, provincia de Misiones. Res AFSCA Nº 82/2011; SANTA CLARA DE ASIS S.A., localidad de Salta, provincia homónima. Res. AFSCA Nº 88/2011; VIDEO CABLE PRIVADO S.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Res. AFSCA Nº 89/2011; VIDEO CABLE SAN FERNANDO S.A., localidad de Resistencia, provincia del Chaco. Res. AFSCA Nº 95/2011; CIRCUITO CABLE VISION S.A., localidad de Formosa, provincia homónima. Res. AFSCA Nº 98/2011.

(3) Honorable Cámara de Diputados de la Nación: 146 votos afirmativos, 3 negativos y 3 abstenciones. Senado de la Nación: 44 votos afirmativos y 24 negativos.

(4) Analía Eliades, Hacia una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Una batalla política y cultural. Proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual. Audiencia Pública. Ponencias. http://www1.hcdn.gov.ar/radiodifusion/pdf/ponencias/106.pdf



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