La familia como derecho humano fundamental

Por Cordi, Vaninna Paola

   En la primer etapa del siglo XX, con anterioridad a la sanción de la ley de patronato, se acostumbraba entregar a los niños en casas de beneficencia, o a alguna familia para que los cuidara y criara; esta decisión se tomaba en virtud que los padres o en mayor medida las madres no tenía posibilidades de criar a sus hijos/as por motivos económicos, familiares y sociales.
   La presión social y política llevó a sancionar la ley de patronato de menores, estaba implícita en ella la necesidad de poner un límite al abandono de niños/as.
   Ella reduce la patria potestad al conjunto de derechos y obligaciones que tienen los padres respecto de sus hijos/as, nos encontramos aquí con una revalorización de las obligaciones paterno-filiales, y es este el punto de partida utilizado con posteridad para determinar que los padres perdían la patria potestad en caso de abandono.
   En este panorama los niños/as no tenían derechos, nunca se pensó en hablar con ellos tomar en cuenta su voluntad, aunque no fuera determinante al momento de decidir; aquellos que habían sido abandonados eran objeto de derecho y no sujetos de derecho, todo se hacía y decidía por ellos, pero sin reparar en que las decisiones tomadas podía perjudicarlos y privarlos de su familia biológica.
   Al ser abandonados no podrían volver con sus padres porque estos perdían la patria potestad, extremo sostenido por posturas políticas y judiciales (1).
   Desde la sanción de la ley 10.903, han pasado muchos años y la vida social y económica de nuestro país ha sufrido innumerables cambios que se reflejaron en la ley 26.061.
   La ley 26.061 tiene por objeto la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en el territorio de la República Argentina, para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales en los que la Nación sea parte, asimismo dice que se entenderá por interés superior de la niña, niño y adolescente la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en ella.
   Establecen una serie de derechos y garantías para los niños/as y adolescentes entre las que podemos enunciar, el derecho a ser oídos por los jueces cuando así lo peticionen, que se les dé prioridad a sus opiniones, a ser patrocinados por un abogado, participar activamente de los procesos en los que sus intereses estén en juego (2).
   La ley que comentamos dispone el fortalecimiento del rol de la familia en la efectivización de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; y resalta el rol del estado en todo lo que tiene que ver con la formulación y ejecución de políticas públicas y su prestación, debiendo tener siempre en cuenta el interés superior de los niños, niñas y adolescentes y la asignación privilegiada de los recursos públicos que garanticen el cumplimiento de dichas políticas (3).
   Se refleja el cambió de paradigma que se da en nuestros días respecto de la concepción de los niños/as que ha pasado a ser sujeto de derecho en virtud de lo establecido en los distintos tratados internacionales que le reconocen derechos y que actualmente se encuentra insertos en el bloque de constitucionalidad de nuestra carta magna, de éste modo se le ha dado un carácter más humanitario a la relaciones de familia, se tiende al reconocimiento de un derecho a la familia como derecho humano.
   Es el estado quien debe llevar adelante políticas públicas, realizar acciones positivas para que se de el ejercicio efectivo de los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional.
El proyecto de reforma del Código Civil, que se ha presentado en el Congreso Nacional éste año, recepta esta nueva concepción de la familiar como derecho humano fundamental, instando modificaciones que hacen a la unión familiar, al reconocimiento de las familias en sus distintas formas, ya que también ha cambiado su conformación dejando de ser la tradicional para dar paso a aquella que se forma teniendo como componente principal el afecto entre sus integrantes sin necesidad que exístale vínculo biológico.
   En la vida cotidiana, desde mi experiencia personal trabajado en una defensoría oficial civil he intervenido en muchos casos donde los niños/as son objeto de violencia, abandonó, con palmarias violaciones de sus derechos, es entonces donde el estado debe intervenir y dar las posibilidades de solucionar este problema familiar, obviamente a la luz del nuevo paradigma, donde la intervención estatal esta comprometida para brindar la asistencia económica e institucional necesaria con el objeto que la familia no se desintegre; en el camino a abordar una solución es primordial que se escuche a los niños/as, su voluntad aunque no vinculante debe ser parte de toda decisión y realizar un trabajo interdisciplinario en pro de la revinculación familiar.
   Es lamentable que veamos este objetivo no se logre por falta de políticas públicas, por consiguiente de recursos, muchas veces por la descoordinación de los ya existentes y de los distintos actores; en virtud de los grandes avances obtenidos en cuanto a reconocimiento de derechos y las obligaciones tomadas por el estado insto a que todos los que estamos comprometidos con el derecho de familia trabajemos para lograr que las leyes sean eficaces.


 (1) Villalta Carla, La conformación de una matriz interpretativa. La definición del abandono y la pérdida de la patria potestad.".

 (2) Ley 26.061 protección integral de niños niñas y adolescentes, Titulo 2, Año 2005.

 (3) Ley 26.061 protección integral de niños niñas y adolescentes, Art. 3, 4 y 5, Año 2005.


 



Agradecemos sus comentarios

¡Hola! Queremos que este sitio sea lo mejor posible para usted, el usuario. ¡Por favor cuentenos lo que le gustaría cambiar y haremos lo mejor posible para complacerlo!

   
Protected by FormShield


 
 
 
Feedback