Caso Barrios. Excarcelación. Pulsera magnética. Inhabilitación para conducir

Por Manchini, Héctor

En la ciudad de Mar del Plata con fecha 3 de agosto de 2012 en causa 4623 "Barrios Jorge Rodrigo s/homicidio" el Tribunal en lo Criminal Nº 3 de esa ciudad que había dispuesto la detención preventiva de Barrios que oportunamente apelada fue revocada por la Cámara de Apelación y Garantías, Sala III, resolvió excarcelar al imputado bajo las mismas condiciones fijadas con anterioridad al juicio y con las que el Tribunal considerara pertinente agregar.

 

La particular damnificada interpuso recurso de reposición y de apelación en subsidio contra la resolución que dispuso hacer efectiva la libertad de Jorge Rodrigo Barrios bajo fianza de $ 200.000 e imposición de las obligaciones que se consignan en la pertinente resolución, argumentando además que las reglas de conducta impuestas al imputado resultan insuficientes para neutralizar el peligro de fuga y asegurar el cumplimiento de pena en expectativa por lo cual solicita el incremento de la caución y la imposición de una serie de reglas de conductas adicionales como por ejemplo la imposición del uso de "pulsera magnética" con control de la particular damnificada, intervenir de la particular damnificada en el control de las presentaciones semanales del imputado en la comisaria de su jurisdicción, imponer al acusado la prohibición de asistir a locales de diversión nocturna, prohibirle consumir alcohol, prohibirle conducir automotores por aplicación analógica del art. 311 bis del Código Procesal Penal de la Nación, requiriendo finalmente la fijación de audiencia con citación de todas las partes, a efectos de que todos conozcan y se pronuncien respecto de las posiciones de las partes.

 

Que el representante del Ministerio Publico Fiscal sostuvo que el particular damnificado carece de la legitimación pretendida y que el resolutorio cuestionado no resulta recurrible por ser consecuencia de lo resuelto por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental, decisión que sólo podría ser cuestionada por las vías pertinentes.

 

Que la Defensora Oficial coincidió en lo sustancial con la opinión del Fiscal.

 

Así las cosas el Tribunal desestimó la totalidad de los reclamos de la parte de la particular damnificada pero en lo que aquí nos interesa nos detendremos en dos puntos que fueran materia del reclamo.

 

En primer lugar en cuanto al uso de la "pulsera magnética" el Tribunal resolvió que: "Someter al acusado al sistema de vigilancia electrónica propuesto por la particular damnificada implica imponer una restricción a su libertad ambulatoria incompatible con los términos de la excarcelación dispuesta por la Cámara de Apelaciones por lo que no corresponde hacer lugar al requerimiento efectuado".

 

Que en este punto aparece oportuno señalar que la excarcelación sustituye el rigor de la prisión preventiva por una coerción adecuada a la estricta necesidad de asegurar el desarrollo y resultado del proceso, así la excarcelación es una forma de que la prisión preventiva no se haga efectiva o de que el procesado recupere la libertad mediante una caución; a cambio de su persona el imputado da una garantía económica (caución real o personal) que cumplirá las obligaciones que en el caso le impuso la Cámara y la pretensión de la imposición del uso de una "pulsera magnética" con control de la requirente, excede cualquier obligación que se haya consignado para su fiel cumplimiento en tanto tal dispositivo controlado por la particular damnificada es una medida de restricción que no sólo no le fue impuesta sino que además adquiere el carácter de una sanción que va más allá del fin de la excarcelación que no es otro que impedir que el imputado pueda perturbar la investigación o alterar la acción de la justicia, desvirtuando como lo tiene dicho la CSJN la naturaleza de la excarcelación como medida que tiene como fundamento evitar que se frustre la justicia, esto es, que el imputado eluda su acción o entorpezca las investigaciones.

 

Que las consideraciones efectuadas en el párrafo precedente también le caben a los demás reclamos de la particular damnificada y en cuanto a la aplicación analógica del art. 311 bis del CPPN tal recaudo es inaplicable sustancialmente porque no hay en las normas de forma del CPPBA una norma que establezca tal tipo de inhabilitación y el reclamo subsidiario de la aplicación analógica del art. 311 bis del CPPN resultaría ilegal, sino en tanto la pretensión adquiere en el caso un objetivo que va más allá del fin de la medida cautelar instrumentada y que como ya dijimos no es otra que averiguar la verdad sin entorpecimientos de parte del imputado, o con el objeto de permitir el desarrollo secuencial del procedimiento, la aplicación de la ley o la ejecución de lo decidido, habiéndose destacado que: "Nunca podrá asumir la calidad de anticipo de una eventual condena o de ser en si misma una sanción retributiva de la probabilidad delictual y autoría acreditadas a esa altura del tramite"(1).

 

En suma la inhabilitación para conducir como cualquier otra medida cautelar que se le imponga al imputado no puede transformarse por decisión judicial de una medida cautelar esto es un recaudo procesal para evitar la frustración del proceso en un instituto propio del derecho sustantivo y por ello, por estar prevista como pena en el código de fondo ha sido considerada inconstitucional la norma que la contempla criterio con el que coincide el suscripto.

 

En efecto, se ha cuestionado y decretado la inconstitucionalidad de la norma del art. 311 bis del CPPN por vulnerar el principio de inocencia ya que la norma del art. 94 del CP prevee como pena la aplicación de tal sanción que es una de las enumeradas expresamente en el art. 5 del CP, y que dista mucho de ser una ‘medida cautelar' porque se trata claramente de una pena.

 

Así se ha dicho: "El primer interrogante que se debe analizar es si ‘la medida cautelar' impuesta por el Sr. Juez de grado, de inhabilitar al imputado para conducir vehículos responde a los fines que debe perseguir toda medida de coerción en el marco de los objetivos del proceso pues son, la averiguación de la verdad y el cumplimiento del derecho material mediante la neutralización de los peligros procesales respectivos: de entorpecimiento de la investigación y fuga respectivamente, por lo tanto si la medida dispuesta no cumple tales destinos, no estaría justificada su aplicación, toda vez que de otro modo se estaría sustantivizando un instituto del derecho adjetivo. La disposición prevista en el art. 311 bis del CPPN, de aplicación al caso, no constituye una medida que asegure la averiguación de la verdad ni que impida que el acusado se fugue, por lo que no respondiendo su aplicación a la finalidades señaladas se descalifica como tal entendiendo el Tribunal que la aplicación de la medida en cuestión resulta contraria a la Constitución Nacional en tanto afecta el principio de inocencia"(2).

 

En sentido contrario se ha señalado que: "Resulta constitucional dictar la inhabilitación preventiva para conducir junto con el auto de procesamiento por el delito de homicidio culposo pues si ha titulo de medida cautelar puede la ley privar de la libertad al encausado durante el curso del proceso y también restringir anticipadamente la libre disponibilidad de su patrimonio, posible y legitimo resulta que el legislador cercene provisoriamente el derecho a la conducción de vehículos, máxime cuando el imputado ha sido imprudente en el uso de una automotor"(3).

 

En definitiva los argumentos esgrimidos por la particular damnificada para acrecentar la rigurosidad de las condiciones impuestas a Jorge Rodrigo Barrios excedían en su integridad el marco cautelar de la excarcelación y el objetivo propio de la misma que es evitar que de una u otra manera se perturbe la investigación o el imputado pueda burlar la acción de la justicia destacándose de manera particular por su naturaleza la inconveniencia excesiva del pedido de la imposición al imputado del uso de pulsera magnética con control de la requirente y el análisis de las distintas causas que determinaron la decisión de no hacer lugar al pedido de inhabilitación para conducir, concluyendo en una resolución atinada y que se corresponde con la prudencia que debe regir en las decisiones judiciales y la justa aplicación del derecho vigente.

 

 (1) Ver Almeyra-Baez, Código Procesal Penal de la Nación, Colección Regímenes Jurídicos La Ley, pág. 638

 

 (2) CCrim y Correc., Sala I, "Caratozzolo, Felix D.", 22/11/2005, La Ley, 2006-D-832

 

 (3) CCrim y Correc., Sala I, "L.G., H.", 13/09/2001,

 

 



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