Teoría de la intensidad de las garantías constitucionales en la justicia penal en Salta

Por Escalante, Daniel Alejandro

I. Introducción

 

Los lineamientos del nuevo Sistema Acusatorio se han implementado de manera exitosa en la Provincia de Salta. Ello implica la introducción de una nueva concepción concreta y real dentro del proceso penal salteño, que se ve reflejado en la aplicación efectiva de las Garantías Constitucionales. Pero lo curioso de esta aplicación es que la densidad y fuerza de las mismas es diferente en los distintos momentos de Proceso Penal.

 

Me propondré demostrar la Intensidad del efecto de las Garantías Constitucionales, partiendo desde los métodos alternativos de resolución de conflictos hasta el proceso penal judicial.

 

II. Ubicación del tema

 

Que antes de exponer mi idea central, lo más correcto es empezar por deslindar que son las garantías constitucionales. Efectivamente la doctrina considera que el poder penal o el Poder Punitivo del que goza el Estado, en palabras del Dr. Zaffaroni, debe ser manejado de la manera más correcta posible. Ello obedece al exceso en el que se podría incurrir al seleccionar a la persona o grupo de individuos con determinadas particularidades a los fines de ser enjuiciados. No está de más recordar, que efectivamente ocurrió en distintos momentos de nuestra historia mundial con consecuencias catastróficas.

 

Y continuando con tal ejemplar doctrinario del Derecho Penal manifiesta que la razón de las Garantías obedece que el Derecho Penal se construye como apéndice del Derecho Constitucional. La Ley Constitucional es la primera Ley Penal.

 

Dichas Garantías surgen de la Constitución Nacional y de los Tratados Internacionales y que ellos serán las normas constructivas del sistema penal.

 

III. Terminología

 

En cuanto a su terminología, los constitucionalistas efectúan una distinción entre declaraciones, derechos y garantías. Las primeras apuntan a la presentación política del tipo de organización estatal que elegimos. Las segundas importan el reconocimiento de los atributos esenciales que poseen las personas integrantes de la comunidad nacional y las Garantías representan las seguridades que son concedidas, es decir facultades para impedir que el goce efectivo de esos derechos sea conculcado por el ejercicio del poder estatal, ya en forma de limitación de poder o de remedio específico para repelerlo.

 

Otra clasificación apunta a las propiedades de cada uno. Se dice que los Derechos se poseen frente a todos los individuos, en tanto que las garantías adquieren significación solo frente al Estado.

 

IV. Graduación en la aplicación de las garantías

 

Que durante mi adolescencia tuve la suerte de viajar por distintas partes de la Republica Argentina y con frecuencia sucedía lo siguiente, concretamente cuando se conduce un automóvil por ruta. Durante el día soleado y en las primeras horas de manejo, el conductor se halla más despierto, con mejores reflejos de reacción. Pero a medida que transcurren las horas, el viaje resulta más cansador. Que ello fuerza tener una visión en condiciones y estar más atento a todas las señales del camino. Conclusión que mayor esfuerzo se requiere a medida que el día transcurre hasta llegar a su fin.

 

Creo que sucede lo mismo con las Garantías Constitucionales. El acusado y victima, es decir los implicados en un conflicto, comienzan el tratamiento del problema de manera temprana. A través por ejemplo de la Mediación. Véase que una mediación, en palabras llanas, es componer las diferencias entre los implicados prescindiendo de todo contenido jurídico. Supongamos un conflicto entre una ex pareja en relación a un vehículo que fue adquirido durante el matrimonio. Seguramente algún avezado especialista en Derecho de Familia identificara sin ningún problema respecto si el bien es ganancial o de carácter propio. Pero lo peculiar es que en una Mediación se buscara lo oculto, lo que esta detrás del conflicto. Eso a que me refiero se llama interés. Que luego de haber dictado la materia de Sociología y haber tocado algunos temas de psicología descubrí que toda postura personal u opinión del ser humano viene teñida de algún sentimiento, que podrá ser positivo o negativo.

 

Y eso es precisamente el inconveniente del Derecho. Este se encarga de resolver los conflictos en base a parámetros de justicia social y de acuerdo a las pautas morales vigentes. Pero sinceramente no concurre a lograr la satisfacción concreta de cada implicado. Ello es difícil que se dé al estilo del los famosos fallos del Rey Salomón.

 

Volviendo a la mediación, es un arreglo tendiente a lograr una solución del conflicto principal y de neto corte íntimo. Muchas de las diferencias vienen del orgullo o bronca con la contraparte simplemente, y que cuando ello es tratado por un profesional idóneo se logra un resultado óptimo.

 

¿A dónde pretendo llegar con esto? Exprese el objetivo o fin de la mediación. También podrá ser una conciliación. Lo principal a tener en cuenta será que éste es el primer paso en el camino del arreglo.

 

Nótese que en ningún momento hable de abogados como tampoco de un procedimiento expedito con reglas de extremo cumplimiento rigorista ni de plazos fatales. Ni siquiera de Defensa, ni de Garantías Constitucionales.

 

Ello es beneficioso. En una primera etapa las partes implicadas en un conflicto, véase que no digo ni fiscal ni imputado, solo las partes acuden a un sistema en el que un tercero procurará ayudar a buscar la mejor solución para ambos. Sin sanciones, ni plazos. es una oportunidad, y lo digo en este sentido ya que pueden o no aceptarlas los implicados. O bien firmar la solución pero no cumplirlas posteriormente. Es decir que tiene sus riesgos de todas maneras. Pero lo relevante y de acuerdo a las experiencias vividas en este proceso, se resalta la flexibilidad y facilidad del mismo.

 

Así debería ser, todo este camino debe completarse de manera gradual. Ir a un juicio directamente resultaría chocante y quizás no recomendable para victima e imputado. No olvidarse que la violencia genera más violencia.

 

Todo esto me lleva a pensar que no es necesario ningún tipo de Garantías de ningún origen. Generalmente ellas son utilizadas cuando se necesita estar protegido de algo que podría afectarnos. Pregunto... de qué debería estarse protegido en una Mediación? Una de las medidas que deben hacerse conocer a las partes es que este procedimiento no es vinculante de ningún tipo como así también el arreglo es de carácter secreto. La Confidencialidad es una de las máximas del proceso.

 

Es por ello que debe caracterizarse como un procedimiento exento de rigorismos y por ende de menor protagonismo de vigencia de las garantías constitucionales.

 

Ello traerá acarreado varios cuestionamientos. Desde ya se dirá que inevitablemente es una opción alternativa a la continuación de la Acción Penal. Efectivamente ello es así, por lo menos en nuestro Código Procesal Penal. Que a raíz del resurgimiento en el Proceso Penal del Principio de Oportunidad, una de sus mayores expresiones los constituyen la Mediación y la Conciliación. Y que el mismo puede, mejor dicho debe ser solicitado por el Fiscal Penal, dueño de la Acción Penal durante todo el trayecto investigativo y de juicio. Quizás sea así, pero antes de iniciar una investigación formal, digamos así, existe una repartición dentro del Ministerio Publico que hace las veces de especie de filtrado llamado Unidad de Atención Temprana. Se encarga de analizar cada actuación y decidir si la misma es susceptible de ser resuelta por otros medios diferentes a los convencionales, es decir a través de la investigación fiscal y posterior juicio. Por ello está de más rebatida la crítica principal.

 

Además no obstante ello, falta una mayor concientización de lo que es la Mediación. Mucha gente piensa que es un proceso rápido. Y al decir proceso, rápidamente recurren a un abogado, cuando no necesariamente debería ser así. Por eso considero erróneo al querer introducir el tema de las Garantías del Juicio cuando no debería ser así.

 

Una etapa intermedia creo conveniente referirme, sucede al momento en que el Fiscal investiga el hecho y resulta que el mismo no es susceptible de continuarse y por ende dictamina el Archivo. Ante ello notifica a la víctima para que en el plazo de tres días se oponga a la misma y por ende sea revisada por el Órgano de Persecución Superior. Bueno, en este grado se asoma la presencia de las distintas Garantías Constitucionales, sobre todo mencionando si se refiere expresamente a las figuras de la víctima y del imputado, ambos dentro del marco del legajo de investigación confeccionado y llevado a cabo por el Fiscal Penal. De a poco nos asomamos a un proceso penal en sentido estricto.

 

V. Remisión de la Causa a juicio(2)

 

En este preciso momento empieza a definirse y concretarse el sistema acusatorio de manera definida. Tenemos un dictamen del Fiscal en el que se requiere Juicio atento haber llegado a la conclusión que la etapa requiere, que el hecho habría existido, que el mismo encuadra en uno de los tipos penales legislados en el Código Penal y que habría tenido como sujeto activo al sujeto investigado. El órgano acusador colectó elementos de convicción suficientes para arribar en tal sentido.

 

Véase que en el Art. 435 CPP se notifica a todas las partes: querellante, al imputado, su defensor. Y luego de todo ello se da intervención al Juez de Garantías. Es una última instancia tendiente a evitar llegar a la etapa del Juicio. Aquí las garantías del debido proceso, a un juicio justo, in dubio pro reo, etc. toman mayor relevancia.

 

VI. Citación a Juicio(3)

 

Pasemos a la instancia judicial. Es decir cuando no tuvieron éxito las distintas oportunidades. Aquí se destacan en su mayor esplendor todas las Garantías Constitucionales, tomando como base principal el Principio de Legalidad en sus distintas versiones. Incluso hasta el momento de dictarse sentencia Judicial y su posterior reclamo mediante Recurso ante las autoridades superiores judiciales.

 

Todos los actores del Proceso Penal, desempeñan sus funciones estrictamente dentro del marco legal, sin siquiera salirse del mismo. Se encuentran en una etapa crucial y de estricto resolución de conflictos bajo las reglas del Derecho Penal. Tendera a satisfacer o no a las partes, pero se resolverá si o si en base a pautas establecidas de acuerdo al proyecto político criminológico vigente.

 

Me aventuraría a decir que la voluntad de las partes se reduce a nivel considerable en el sentido de no poder detener la acción penal hasta el momento de que sea decidida mediante Audiencia de Debate por el Sr. Juez interviniente en la causa.

 

VII. ¿Garantías constitucionales, sólo cuando hay conflicto?

 

Alguien me cuestionara a esta altura porque me ciño al proceso pero... ¿qué sucede con todos los habitantes de la Nación Argentina? ¿Esta teoría gradual se aplica?

 

Efectivamente todo ciudadano por el hecho de ser humano posee Derechos Humanos. Por ende el goce y disfrute de los mismos requerirás de los medios necesarios que procuren su fin. Aquí juegan las Garantías Constitucionales. Pero note el lector una diferencia fundamental.

 

Considero que existen dos Estados que padecen las garantías constitucionales: ellos son el latente o potencial y el efectivo o activo. En el primer caso no entró en actividad o se concretó en la realidad. Esta allí, listo para ser usada pero al momento no es necesario. En cambio en el estado Activo, la Garantía se materializa en el reclamo al haberse afectado su derecho.

 

Alguien me preguntara ¿qué es lo que define su cambio de estado?

 

Muy bien, ello es definido por el conflicto entre dos o más individuos. Allí donde la diferencia entre los miembros de la comunidad se acentúa afectando algún ámbito o sector de la vida personal de los seres humanos.

 

No hace falta una declaración judicial o anoticiamiento ante sede policial. El conflicto es un concepto ontológico, existe en la realidad. Téngase en cuenta que el termino conflicto no es definido por la norma penal, sino que ya se encuentra definido en el SER.

 

VII. Conclusión

 

A nivel provincial, nos encontramos en un momento novedoso pero complicado a la vez. Toda reforme procesal penal que se inicia deberá sufrir el proceso de adecuación gradual y paulatina al ritmo de los tribunales de Justicia.

 

Que del análisis a modo general que puedo denotar en la realidad salteña, si bien se dice que se busca beneficiar el actuar del poder judicial a fin de desagotar las tareas diarias, veo dos caminos que se implementaron. Uno de ellos con el traspaso de muchas funciones al órgano persecutorio en virtud del Sistema Acusatorio implementado. Pero además de ello, se beneficia con la bienvenida de los nuevos métodos alternativos de resolución de conflictos, es decir con la aplicación de la Mediación y de la Conciliación. Ello con la novedad de que se estipulan en un Código Procesal, en nuestro caso en la ley de rito de la Provincia de Salta.

 

Digo regulados porque hasta hace algunos años siempre hubo como un enfrentamiento entre litigiosidad y arreglo amistoso. Le ocurrió tanto al abogado independiente, al Ministerio y Defensorías Publicas y al Poder Judicial. Llegó un momento de colapso, en el que se debió repensar las cosas. Ello trajo aparejado beneficios hacia adentro y hacia afuera. Internamente descongestionar la actividad judicial. Externamente arreglar el conflicto entre particulares, a la mayor cantidad de personas posibles y en el menor tiempo.

 

Pero déjeme decirle al lector que este arreglo difiere muchísimo de la solución jurídica emitida por el Sr. Juez. En esta última, se notara que la solución ya viene definida por las normas jurídicas, no hay tonalidades grises, es blanco o negro. En tanto que por una mediación se busca el beneficio de todas las partes implicadas. Para quienes hicimos el curso de Mediación, se concluyó que el arreglo esta desprovisto de todo sentido normativo. Y así es.

 

Desde ya debo inclinarme por los lineamientos actuales que ocurren y seguirá ocurriendo por toda Latinoamérica. Pero con una seria salvedad. Lamentablemente debo expresar mi preocupación por esa mala costumbre de pensar que los temas más candentes sociales deben ser resueltos por la Justicia. A los alumnos principiantes en el Derecho se les enseña la típica división de poderes, en el que el Poder Ejecutivo y Legislativo apuntan o producen un efecto expansivo, ya que tienden a regular hacia la comunidad de su competencia. El primero administrando y el segundo dictando leyes. EL Poder Judicial tiene un efecto diferente, y reacciona cuando ha fracasado las barreras normativas implementadas previamente, es decir el proyecto social establecido por el gobierno de turno. Además resuelve el caso particular, no obstante ello resultar un precedente sumamente útil para casos posteriores ocurridas en iguales circunstancias.

 

Pero mi real intención con este trabajo radica en demostrar que si bien la mediación, conciliación, etc. están dentro de la rueda del proceso penal salteño, ello no significa que jueguen las mismas reglas. O por lo menos es lo que se quiere demostrar. A las reuniones, ponencias, congresos se molestan incluir todo en la misma bolsa, cuando en realidad no debería ser así.

 

Demostrada esta diferenciación en las líneas precedentes, las Garantías Constitucionales juegan un rol diferente. En las opciones conciliadoras, denotamos o debemos establecer una aparición casi incipiente de ellas. Creo que a lo sumo debería respetarse la igualdad de las partes. Es más no entiendo todavía al día de hoy, el porqué de la necesidad de abogados ya que la dirección de la reunión será llevada a cabo por un mediador, no hay reglas, el acuerdo si bien es firmado, podrá cumplirse o no en el futuro, depende ello si efectivamente arreglaron buscaron y lograron satisfacer el interés de cada uno, es un acuerdo de contenido privado y si lo desean luego podrá ser homologado por Juez.

 

De mi experiencia, el establecer varios rigorismos técnicos a los intervinientes tiende a una mayor desconfianza y "atajo" de los implicados, y es precisamente ello que se hablan de Garantías en tal momento.

 

El extremo final en donde es imperiosa la presencia de ellas es en el Proceso Penal. Es decir con una investigación tendiente a determinar si efectivamente existió el hecho y quien fue. De allí hasta el Juicio y hasta la Sentencia.

 

Mi punto de vista radica en esta distinción. Me llevo en mi mente la mirada que refleja la insatisfacción de las partes aun habiéndose dictado sentencia. Por ello es una buena oportunidad de descongestionar el Servicio de Justicia, pero no al extremo de sacrificar el derecho de los justiciables de que le sean garantizados todos sus Derechos.

 

IX. Bibliografía

 

Código Procesal Penal de la Provincia de Salta, Boletín Oficial N° 18.726, 6 de Diciembre de 2011.

 

CLARIA OLMEDO, JORGE A., Derecho Procesal Penal. Editorial Rubinzal Culzoni, 2008.

 

FERRAJOLI, Luigi, Democracia y Garantismo, Edición de Miguel Carbonell, Editorial Trotta, 2008.

 

MAIER, Julio B. J., "Derecho Procesal Penal I. Fundamentos", Editores del Puerto S.R.L., Buenos Aires 2004.

 

ROMERO VILLANUEVA, HORACIO J., Código Penal de la Nación y Legislación Complementaria Anotados con jurisprudencia, Abeledo Perrot, 2008.

 

ZAFFARONI, Eugenio Raúl, "Estructura básica del Derecho Penal", Ediar 2011.

 

 (1) Secretario (i) Juzgado Correccional, Garantías y Menores N° 2 de Oran actualmente en la Provincia de Salta - Argentina. Asesor letrado de la Policía de la Provincia de Salta. Profesor de distintas ramas del Derecho en distintas Universidades y Terciarios. Autor de varios artículos de índole nacional e internacional. Mail de contacto: danielescala@arnet.com.ar

 

 (2) Art. 433 CPP Salta.

 

 (3) Art. 437 CPP.



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